Artículo de opinión de Andrea Galaverna, Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche
publicado en:
La comunidad espera una respuesta a la grave situación del hospital
El 24 de septiembre algunos colegas profesionales y pacientes que a diario circulan por nuestra Defensoría, solicitaron mi presencia en el nosocomio local en mi carácter de Defensora del Pueblo de la ciudad, a fin de conocer la grave situación que atraviesa el principal centro de salud pública de la Región Andina.
Por tal motivo recorrí distintos servicios del Hospital Zonal Ramón Carrillo. Se trata de la segunda visita que realizo en pocos meses, la primera se concretó durante los primeros días de julio como consecuencia de un Amparo que recayó en la Cámara Laboral local. Lamentablemente no hubo progresos en el tiempo que medió entre una visita y otra, situación que motiva una reflexión ante la gravedad de lo observado.
El estado del Hospital Área Programa Bariloche no sólo tiene serios problemas edilicios, sino que disminuyó su oferta de servicio a nuestra comunidad, redujo casi un 20 % la disponibilidad de camas en los últimos años, quedó limitado a la atención de las emergencias; se articularon estrategias de desaliento de la demanda con serias dificultades de accesibilidad, ejemplo de ello son la restricción horaria de atención, la falta de insumos graves, que transforman la asistencia en “el arte de lo posible”. Renglón aparte merecen la obsolescencia tecnológica de nuestro hospital, el grave desgaste laboral del personla, sumado a ello el déficit de trabajadores de la salud para asegurar la atención adecuada.
Actualmente, según me informan, el hospital no realiza operaciones programadas, sólo se atiende la emergencia, es decir, las situaciones más graves, muchas de las cuales se podrían haber evitado con prevención, cuidados planificados u operaciones planificadas.
Es imprescindible que el hospital regional cuente con datos que permitan analizar debidamente la Mortalidad y sus causas específicas y concurrentes, especialmente útil para conocer la magnitud de la crisis que atraviesa.
De igual modo, resulta imprescindible que se profundice el análisis con auditorías de oportunidades perdidas para evitar muertes evitables y complicaciones de tratamientos o asistencia no brindada oportunamente.
El análisis de la Mortalidad y sus causas –correctamente registradas-permite no sólo realizar una evaluación de calidad de la atención para contar con una asistencia oportuna, adecuada y segura; sino que- y fundamentalmente- sirve para analizar el desarrollo de políticas públicas que permitan atender problemáticas específicas, como suicidio (sobre todo en la adolescencia); adicciones, la atención integral de mujeres víctimas de violencia, etc. Temáticas que no son registrados como tales, persistiendo en estrategias de invisibilización de problemáticas muy extendidas en la comunidad y que deberían ser abordadas con urgencia por el bien de nuestro pueblo.
En el medio de esta situación crítica para los ciudadanos y ciudadanas, están “atrapados” los trabajadores de la salud, quienes deben afrontar estas carencias con improvisaciones y un constante malestar de quienes demandan por un servicio de calidad, por un derecho.
Existe un discurso científico y académico de lo que se debe hacer y una realidad que impone lo que se puede hacer. Sabemos que el trabajo hecho a tracción a sangre resulta mejor que no hacer nada, pero también sabemos que esos servicios que el hospital no puede sostener- no por complejidad sino por desabastecimiento y falta de planificación- son abonados en efectores privados.
El Hospital Ramón Carrillo es Hospital cabecera de la cuarta zona sanitaria, uno de los más grandes de la provincia; pero no cuenta con presupuesto acorde a la población que debe atender incluyendo las áreas de influencia como la Línea Sur y El Bolsón. La población aumenta y sin embargo la disponibilidad de camas disminuye y los servicios también se achican por falta de personal.
Grave es la situación del personal del Hospital, no sólo porque es el factor limitante de la atención, ya que es un servicio brindado de humano a humano; sino porque está claramente desgastado, desalentado, desmotivado, por las sucesivas dificultades en la atención, la ausencia de carrera hospitalaria reconocida, ausencia de concursos que jerarquicen los cargos de responsabilidad; y por el destrato y stress que viven a diario con el panorama asistencial descripto.
Este hospital es a todas luces discriminado en relación a la distribución de recursos. Hospitales de ciudades más chicas cuentan con más camas por habitante y más recurso humano que el nuestro.
Es por todo esto que no se puede hablar de colapso, ni echarles la culpa a los proveedores. La responsabilidad debe adjudicársele a la falta de planificación estratégica y a la gestión del servicio de salud.
Tanto una como otra, deben estar centradas en los pacientes, para que éstos dispongan de una atención accesible, aceptable, segura, oportuna y de calidad. Por otra parte, la organización sanitaria debe articular la ética individual con la ética organizacional, y velar porque ésta sea una ética de la responsabilidad y del interés común, cosa que cuesta encontrar en esta situación hospitalaria.
Es alarmante ver cómo estos escenarios son vividos como traumáticos y hostiles no sólo por el personal sanitario sino también por los pacientes, es en ese malestar que está el germen de la violencia institucional que muchas veces se enquista en las organizaciones.
Recordemos que nuestra provincia adhirió a principios a los que invitó a suscribir Nación, éstos son traducidos en funciones esenciales de Salud Pública que permiten un mejor desempeño de la gestión en salud. La importancia estratégica de la gestión en salud pública -tales como vigilancia, monitoreo y promoción de la salud- radica en la generación, por parte del sistema, de una respuesta efectiva, eficiente y de calidad a intereses colectivos en la materia.
La Salud constituye un Derecho Humano básico, este es el punto de partida, es la perspectiva de cualquier observación y análisis que formule. En la actividad hospitalaria esto implica asegurar a la población beneficiaria el derecho a recibir y demandar una atención personalizada, digna, de calidad y con base en los principios de la bioética centrados en la persona como sujeto de derechos.
El Hospital Público adeuda ofrecer un cuidado integral de la salud de la población en el marco del enfoque de derechos de las personas, garantizando la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, la equidad, la aceptabilidad y adaptabilidad de la atención sanitaria.
Debería -además- generar investigación epidemiológica acorde a la realidad geográfica y demográfica a fin de adaptar las políticas públicas a la realidad de nuestra gente; fomentar la formación y cuidado del talento humano, que constituyen y brindan los trabajadores de la salud.
El Derecho a la Salud impone al Estados tres tipos de obligaciones:
• Obligación de Respetar. Significa simplemente no interferir en el disfrute del derecho a la salud (“no perjudicar”).
• Obligación de Proteger. Implica adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo regulando la actividad de los actores no estatales, ejemplo medicina privada).
• Obligación de Cumplir. Esto significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas presupuestarias apropiadas).
Por lo que concluyo que la provincia no cumple con los estándares mínimos en relación al respeto al Derecho a la Salud, en especial de la población más vulnerable. Esto equivale a decir que Derecho tampoco respeta los principios de no regresividad y progresividad de derecho, de igualdad y no discriminación; ni permite la participación de los sectores afectados en el diseño de las políticas públicas, producción de información y formulación de políticas sanitarias.
Es en este punto donde me parece importante reflexionar acerca del concepto de exigibilidad como proceso social, político y legal, con el fin de hacer efectivos los derechos. Tal condición de exigibilidad puede ser de tipo social, que implica incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas; o de tipo política, lo cual permite que se traduzca en leyes que garanticen los derechos. Cabe aclarar que una muy buena instancia de exigibilidad social y política en nuestra ciudad, sería que la Autoridad Sanitaria convoque al Consejo Local de Salud que hace tiempo no sesiona. Otra instancia es la vía de la exigibilidad legal, para demandar el cumplimento efectivo de los derechos invocados, tal como la Defensoría a mi cargo lo hizo ante la Cámara Laboral el viernes 26 del corriente.
La grave situación amerita que acompañe, en cualquiera de sus expresiones, la demanda de la ciudanía que ve vulnerado un Derecho Humano esencial. Sin olvidar que los Derechos Humanos están interrelacionados y que no se puede afectar uno, sin afectar los restantes.
Por tal motivo recorrí distintos servicios del Hospital Zonal Ramón Carrillo. Se trata de la segunda visita que realizo en pocos meses, la primera se concretó durante los primeros días de julio como consecuencia de un Amparo que recayó en la Cámara Laboral local. Lamentablemente no hubo progresos en el tiempo que medió entre una visita y otra, situación que motiva una reflexión ante la gravedad de lo observado.
El estado del Hospital Área Programa Bariloche no sólo tiene serios problemas edilicios, sino que disminuyó su oferta de servicio a nuestra comunidad, redujo casi un 20 % la disponibilidad de camas en los últimos años, quedó limitado a la atención de las emergencias; se articularon estrategias de desaliento de la demanda con serias dificultades de accesibilidad, ejemplo de ello son la restricción horaria de atención, la falta de insumos graves, que transforman la asistencia en “el arte de lo posible”. Renglón aparte merecen la obsolescencia tecnológica de nuestro hospital, el grave desgaste laboral del personla, sumado a ello el déficit de trabajadores de la salud para asegurar la atención adecuada.
Actualmente, según me informan, el hospital no realiza operaciones programadas, sólo se atiende la emergencia, es decir, las situaciones más graves, muchas de las cuales se podrían haber evitado con prevención, cuidados planificados u operaciones planificadas.
Es imprescindible que el hospital regional cuente con datos que permitan analizar debidamente la Mortalidad y sus causas específicas y concurrentes, especialmente útil para conocer la magnitud de la crisis que atraviesa.
De igual modo, resulta imprescindible que se profundice el análisis con auditorías de oportunidades perdidas para evitar muertes evitables y complicaciones de tratamientos o asistencia no brindada oportunamente.
El análisis de la Mortalidad y sus causas –correctamente registradas-permite no sólo realizar una evaluación de calidad de la atención para contar con una asistencia oportuna, adecuada y segura; sino que- y fundamentalmente- sirve para analizar el desarrollo de políticas públicas que permitan atender problemáticas específicas, como suicidio (sobre todo en la adolescencia); adicciones, la atención integral de mujeres víctimas de violencia, etc. Temáticas que no son registrados como tales, persistiendo en estrategias de invisibilización de problemáticas muy extendidas en la comunidad y que deberían ser abordadas con urgencia por el bien de nuestro pueblo.
En el medio de esta situación crítica para los ciudadanos y ciudadanas, están “atrapados” los trabajadores de la salud, quienes deben afrontar estas carencias con improvisaciones y un constante malestar de quienes demandan por un servicio de calidad, por un derecho.
Existe un discurso científico y académico de lo que se debe hacer y una realidad que impone lo que se puede hacer. Sabemos que el trabajo hecho a tracción a sangre resulta mejor que no hacer nada, pero también sabemos que esos servicios que el hospital no puede sostener- no por complejidad sino por desabastecimiento y falta de planificación- son abonados en efectores privados.
El Hospital Ramón Carrillo es Hospital cabecera de la cuarta zona sanitaria, uno de los más grandes de la provincia; pero no cuenta con presupuesto acorde a la población que debe atender incluyendo las áreas de influencia como la Línea Sur y El Bolsón. La población aumenta y sin embargo la disponibilidad de camas disminuye y los servicios también se achican por falta de personal.
Grave es la situación del personal del Hospital, no sólo porque es el factor limitante de la atención, ya que es un servicio brindado de humano a humano; sino porque está claramente desgastado, desalentado, desmotivado, por las sucesivas dificultades en la atención, la ausencia de carrera hospitalaria reconocida, ausencia de concursos que jerarquicen los cargos de responsabilidad; y por el destrato y stress que viven a diario con el panorama asistencial descripto.
Este hospital es a todas luces discriminado en relación a la distribución de recursos. Hospitales de ciudades más chicas cuentan con más camas por habitante y más recurso humano que el nuestro.
Es por todo esto que no se puede hablar de colapso, ni echarles la culpa a los proveedores. La responsabilidad debe adjudicársele a la falta de planificación estratégica y a la gestión del servicio de salud.
Tanto una como otra, deben estar centradas en los pacientes, para que éstos dispongan de una atención accesible, aceptable, segura, oportuna y de calidad. Por otra parte, la organización sanitaria debe articular la ética individual con la ética organizacional, y velar porque ésta sea una ética de la responsabilidad y del interés común, cosa que cuesta encontrar en esta situación hospitalaria.
Es alarmante ver cómo estos escenarios son vividos como traumáticos y hostiles no sólo por el personal sanitario sino también por los pacientes, es en ese malestar que está el germen de la violencia institucional que muchas veces se enquista en las organizaciones.
Recordemos que nuestra provincia adhirió a principios a los que invitó a suscribir Nación, éstos son traducidos en funciones esenciales de Salud Pública que permiten un mejor desempeño de la gestión en salud. La importancia estratégica de la gestión en salud pública -tales como vigilancia, monitoreo y promoción de la salud- radica en la generación, por parte del sistema, de una respuesta efectiva, eficiente y de calidad a intereses colectivos en la materia.
La Salud constituye un Derecho Humano básico, este es el punto de partida, es la perspectiva de cualquier observación y análisis que formule. En la actividad hospitalaria esto implica asegurar a la población beneficiaria el derecho a recibir y demandar una atención personalizada, digna, de calidad y con base en los principios de la bioética centrados en la persona como sujeto de derechos.
El Hospital Público adeuda ofrecer un cuidado integral de la salud de la población en el marco del enfoque de derechos de las personas, garantizando la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, la equidad, la aceptabilidad y adaptabilidad de la atención sanitaria.
Debería -además- generar investigación epidemiológica acorde a la realidad geográfica y demográfica a fin de adaptar las políticas públicas a la realidad de nuestra gente; fomentar la formación y cuidado del talento humano, que constituyen y brindan los trabajadores de la salud.
El Derecho a la Salud impone al Estados tres tipos de obligaciones:
• Obligación de Respetar. Significa simplemente no interferir en el disfrute del derecho a la salud (“no perjudicar”).
• Obligación de Proteger. Implica adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo regulando la actividad de los actores no estatales, ejemplo medicina privada).
• Obligación de Cumplir. Esto significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas presupuestarias apropiadas).
Por lo que concluyo que la provincia no cumple con los estándares mínimos en relación al respeto al Derecho a la Salud, en especial de la población más vulnerable. Esto equivale a decir que Derecho tampoco respeta los principios de no regresividad y progresividad de derecho, de igualdad y no discriminación; ni permite la participación de los sectores afectados en el diseño de las políticas públicas, producción de información y formulación de políticas sanitarias.
Es en este punto donde me parece importante reflexionar acerca del concepto de exigibilidad como proceso social, político y legal, con el fin de hacer efectivos los derechos. Tal condición de exigibilidad puede ser de tipo social, que implica incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas; o de tipo política, lo cual permite que se traduzca en leyes que garanticen los derechos. Cabe aclarar que una muy buena instancia de exigibilidad social y política en nuestra ciudad, sería que la Autoridad Sanitaria convoque al Consejo Local de Salud que hace tiempo no sesiona. Otra instancia es la vía de la exigibilidad legal, para demandar el cumplimento efectivo de los derechos invocados, tal como la Defensoría a mi cargo lo hizo ante la Cámara Laboral el viernes 26 del corriente.
La grave situación amerita que acompañe, en cualquiera de sus expresiones, la demanda de la ciudanía que ve vulnerado un Derecho Humano esencial. Sin olvidar que los Derechos Humanos están interrelacionados y que no se puede afectar uno, sin afectar los restantes.
Andrea Galaverna
Defensora del Pueblo de Bariloche
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| División de la Provincia de Río Negro en Zonas Sanitarias |
Me parece muy clara el aporte y decisión de la Defensora del Pueblo, creo que la situación es crítica
ResponderEliminary que hay que seguir exigiendo de alguna manera para que esto se revierta. Cómo ciudadanos me parece que deberíamos movilizarnos en favor de esta demanda. Y espero que el gobernador acose recibo ya que no entiende lo que pasa en el hospital , para él el único que tiene problemas ¿conocerá la realidad de la salud pública en la Provincia ? qué riesgos corremos !!!!