Artículo del Concejal (FpV) Daniel Natapof aparecido hoy en Página 12
https://www.pagina12.com.ar/111672-el-negocio-ruinoso-del-cerro-catedral
El negocio ruinoso del Cerro Catedral
En noviembre de 2017, el intendente de Bariloche firmó secretamente un acta acuerdo con CAPSA(*) para prorrogar la concesión del Cerro Catedral por 38 años, evadiendo el proceso licitatorio. El Concejo Municipal tuvo dos meses para el tratamiento de un proyecto complejo viciado desde su inicio: entrega de 70 hectáreas para un gran negocio inmobiliario, avasallando legislación ambiental; en abierta contradicción con nuestra Carta Orgánica Municipal, que establece el carácter inalienable de estas tierras y además, constituye un negocio ruinoso para el erario público.
La situación del Catedral a la fecha resulta incierta, pero al mismo tiempo, mirada en perspectiva, alentadora. Especialmente si se tiene en cuenta el inicio de este proceso de entrega del patrimonio de Bariloche, orquestado por un privado, Capsa (familia Trappa), un presidente (Mauricio Macri), un gobernador (Alberto Weretilneck) y un intendente (Gustavo Gennuso).
Luego de la bochornosa votación en la cual Juntos Somos Bariloche y el Pro consumaron la entrega (a pesar de los tres votos negativos del bloque del FpV), se advierten dos vías principales de actuación y resistencia.
El ámbito judicial: a partir de la presentación de un recurso que realizamos legisladores y concejales del FpV, la cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería ha resuelto hacer lugar al pedido de la medida cautelar y prohibió al intendente toda innovación respecto del contrato original. El fallo llega en el momento más oportuno, pues Gennuso y Capsa esperaban contrarreloj el cumplimiento de los plazos legales para firmar el contrato. El intento no era en absoluto ingenuo, la firma del mismo otorgaría derechos a la empresa aun si un referéndum anulara la ordenanza, y habilitaría a Capsa a realizar una demanda multimillonaria a la ciudad. El fallo impide al intendente la firma del contrato y cualquier modificación del esquema de contratación. Esta decisión, simbólicamente, se dio horas después de que el intendente declarara públicamente que era un tema que no correspondía a la Justicia y asestó un revés a las pretensiones discrecionales del mandatario municipal, siempre proclive a desconocer la división de poderes.
Deberá resolver la justicia la cuestión de fondo, pero la medida cautelar no tiene plazo de finalización. Asimismo, hay otro recurso presentado por los vecinos autoconvocados, que aguarda el pronunciamiento de la justicia.
El proceso de participación ciudadana. La Carta Orgánica contempla herramientas de participación ciudadana como la iniciativa popular y el referéndum.
La iniciativa popular permite a los vecinos presentar un proyecto de ordenanza si juntan el 3 por ciento del padrón electoral, el Concejo Municipal está obligado a darle tratamiento y en caso de ser rechazado, el intendente debe abrir la posibilidad de que los mismos ciudadanos junten 7 por ciento más de firmas. De lograrlo, el ejecutivo debe convocar a un referéndum de carácter vinculante.
El 3 por ciento de las firmas del padrón se logró rápidamente y se superó la cifra, con 3354 firmas. De acuerdo al procedimiento, la Junta Electoral Municipal realizó un muestreo para establecer la veracidad de las firmas. Los vecinos continúan juntando firmas camino al referéndum con 5400 firmas ya en su haber.
Desde el inicio de este movimiento de participación popular, el intendente ha expresado su negativa al proceso y al referéndum mismo, descalificó a los organizadores y subestimó a la población como si miles de personas pudiesen ser engañadas, al afirmar que todo está digitado por un partido y negar la extraordinaria heterogeneidad social que caracteriza a organizadores y firmantes. De hecho, 16 partidos de todo el arco político, incluyendo la UCR, se han manifestado en contra de la entrega y a favor del referéndum.
El Concejo Municipal: si bien el proyecto de iniciativa popular no cuenta aún con ruta legislativa, el 24 de abril se conoció el dictamen de asesoría letrada del Concejo. Se trata de una opinión “técnica” no vinculante para los concejales. El dictamen sigue la línea política ya plasmada por el intendente, orientada a desalentar el proceso participativo y del presidente del Concejo, Diego Benítez. Este último había adelantado ya el argumento: la Carta Orgánica prohíbe plebiscitar ordenanzas vinculadas a tarifas y tributos, y en este caso hay un canon que paga el concesionario. Luego invoca una larga serie de formalismos legislativos que estaría incumpliendo el proyecto.
Al respecto, la propuesta legislativa de los vecinos autoconvocados ni siquiera menciona el canon, sino que se centra en la prohibición de la prórroga o cualquier mecanismo que evada el proceso licitatorio y el impedimento de realizar emprendimientos inmobiliarios o loteos hasta tanto no se elabore un plan de desarrollo urbano tal como lo manda la Carta Orgánica. En cuanto a los formalismos legislativos, es previsible que toda presentación de un grupo de vecinos adolezca de cuestiones formales, es obvio que los mecanismos de participación popular deben tener en cuenta estos aspectos y valorar el planteo sustancial de la ciudadanía, de otra manera, los tecnicismos se ponen al servicio del desincentivo y frustración de la vocación de participación de la ciudadanía.
La lucha por la defensa del patrimonio y soberanía de Bariloche continúa tan asimétrica como desde su inicio: el poder político más reaccionario y un grupo económico en monolítica alianza versus las más diversas expresiones políticas, sociales e ideológicas de la ciudad. Sin embargo, en vertiginoso proceso de organización popular, la ciudadanía, con el auxilio de la justicia, tiene hoy esperanzadas perspectivas.
El negocio ruinoso del Cerro Catedral
En noviembre de 2017, el intendente de Bariloche firmó secretamente un acta acuerdo con CAPSA(*) para prorrogar la concesión del Cerro Catedral por 38 años, evadiendo el proceso licitatorio. El Concejo Municipal tuvo dos meses para el tratamiento de un proyecto complejo viciado desde su inicio: entrega de 70 hectáreas para un gran negocio inmobiliario, avasallando legislación ambiental; en abierta contradicción con nuestra Carta Orgánica Municipal, que establece el carácter inalienable de estas tierras y además, constituye un negocio ruinoso para el erario público.
La situación del Catedral a la fecha resulta incierta, pero al mismo tiempo, mirada en perspectiva, alentadora. Especialmente si se tiene en cuenta el inicio de este proceso de entrega del patrimonio de Bariloche, orquestado por un privado, Capsa (familia Trappa), un presidente (Mauricio Macri), un gobernador (Alberto Weretilneck) y un intendente (Gustavo Gennuso).
Luego de la bochornosa votación en la cual Juntos Somos Bariloche y el Pro consumaron la entrega (a pesar de los tres votos negativos del bloque del FpV), se advierten dos vías principales de actuación y resistencia.
El ámbito judicial: a partir de la presentación de un recurso que realizamos legisladores y concejales del FpV, la cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería ha resuelto hacer lugar al pedido de la medida cautelar y prohibió al intendente toda innovación respecto del contrato original. El fallo llega en el momento más oportuno, pues Gennuso y Capsa esperaban contrarreloj el cumplimiento de los plazos legales para firmar el contrato. El intento no era en absoluto ingenuo, la firma del mismo otorgaría derechos a la empresa aun si un referéndum anulara la ordenanza, y habilitaría a Capsa a realizar una demanda multimillonaria a la ciudad. El fallo impide al intendente la firma del contrato y cualquier modificación del esquema de contratación. Esta decisión, simbólicamente, se dio horas después de que el intendente declarara públicamente que era un tema que no correspondía a la Justicia y asestó un revés a las pretensiones discrecionales del mandatario municipal, siempre proclive a desconocer la división de poderes.
Deberá resolver la justicia la cuestión de fondo, pero la medida cautelar no tiene plazo de finalización. Asimismo, hay otro recurso presentado por los vecinos autoconvocados, que aguarda el pronunciamiento de la justicia.
El proceso de participación ciudadana. La Carta Orgánica contempla herramientas de participación ciudadana como la iniciativa popular y el referéndum.
La iniciativa popular permite a los vecinos presentar un proyecto de ordenanza si juntan el 3 por ciento del padrón electoral, el Concejo Municipal está obligado a darle tratamiento y en caso de ser rechazado, el intendente debe abrir la posibilidad de que los mismos ciudadanos junten 7 por ciento más de firmas. De lograrlo, el ejecutivo debe convocar a un referéndum de carácter vinculante.
El 3 por ciento de las firmas del padrón se logró rápidamente y se superó la cifra, con 3354 firmas. De acuerdo al procedimiento, la Junta Electoral Municipal realizó un muestreo para establecer la veracidad de las firmas. Los vecinos continúan juntando firmas camino al referéndum con 5400 firmas ya en su haber.
Desde el inicio de este movimiento de participación popular, el intendente ha expresado su negativa al proceso y al referéndum mismo, descalificó a los organizadores y subestimó a la población como si miles de personas pudiesen ser engañadas, al afirmar que todo está digitado por un partido y negar la extraordinaria heterogeneidad social que caracteriza a organizadores y firmantes. De hecho, 16 partidos de todo el arco político, incluyendo la UCR, se han manifestado en contra de la entrega y a favor del referéndum.
El Concejo Municipal: si bien el proyecto de iniciativa popular no cuenta aún con ruta legislativa, el 24 de abril se conoció el dictamen de asesoría letrada del Concejo. Se trata de una opinión “técnica” no vinculante para los concejales. El dictamen sigue la línea política ya plasmada por el intendente, orientada a desalentar el proceso participativo y del presidente del Concejo, Diego Benítez. Este último había adelantado ya el argumento: la Carta Orgánica prohíbe plebiscitar ordenanzas vinculadas a tarifas y tributos, y en este caso hay un canon que paga el concesionario. Luego invoca una larga serie de formalismos legislativos que estaría incumpliendo el proyecto.
Al respecto, la propuesta legislativa de los vecinos autoconvocados ni siquiera menciona el canon, sino que se centra en la prohibición de la prórroga o cualquier mecanismo que evada el proceso licitatorio y el impedimento de realizar emprendimientos inmobiliarios o loteos hasta tanto no se elabore un plan de desarrollo urbano tal como lo manda la Carta Orgánica. En cuanto a los formalismos legislativos, es previsible que toda presentación de un grupo de vecinos adolezca de cuestiones formales, es obvio que los mecanismos de participación popular deben tener en cuenta estos aspectos y valorar el planteo sustancial de la ciudadanía, de otra manera, los tecnicismos se ponen al servicio del desincentivo y frustración de la vocación de participación de la ciudadanía.
La lucha por la defensa del patrimonio y soberanía de Bariloche continúa tan asimétrica como desde su inicio: el poder político más reaccionario y un grupo económico en monolítica alianza versus las más diversas expresiones políticas, sociales e ideológicas de la ciudad. Sin embargo, en vertiginoso proceso de organización popular, la ciudadanía, con el auxilio de la justicia, tiene hoy esperanzadas perspectivas.
Daniel Natapof. Concejal Municipal (FpV) de Bariloche. Presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA).
(*) Catedral Alta Patagonia S.A.
Ver también
https://cartaabiertabariloche.blogspot.com.ar/2016/10/nueva-convocatoria-por-el-cerro-catedral.html
(*) Catedral Alta Patagonia S.A.
Ver también
https://cartaabiertabariloche.blogspot.com.ar/2016/10/nueva-convocatoria-por-el-cerro-catedral.html
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Y no nos olvidemos,
Milagro sigue presa
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