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domingo, 11 de septiembre de 2016

Extranjerización de la tierra. Amparos contra el Decreto 820/16

Comentarios sobre los Recursos de Amparo presentados en las provincias de Río Negro y de Misiones.


Presentaron un amparo en contra de la venta de tierras a extranjeros

De: http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/42960-presentaron-un-amparo-en-contra-de-la-venta-de-tierras-a-extranjeros


Martín Doñate, diputado nacional del PJ/FPV, acompañado por los concejales
barilochenses Ramón Chiocconi, Ana Marks y Daniel Natapof; la vocal del Tribunal de Contralor de Bariloche Julieta Wallace, los concejales de El Bolsón Rosa Monsalve, Mario Escandizo y Daniel Cortés más miembros del pueblo mapuche y otros integrantes de la comunidad rionegrina; presentó esta mañana en el Juzgado Federal de Bariloche una acción de amparo con pedido de Inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 820/16 que modifica la Ley de Tierras y las restricciones a la venta de tierras a extranjeros. Al respecto Martín Doñate aclaró que
”Hemos decidido venir a la Justicia Federal frente a una situación de inacción y complicidad del gobernador de la provincia a quien le pedimos, a través del fiscal de Estado, que haga la presentación en representación de los intereses de los rionegrinos. No lo hizo y decidimos hacerlo nosotros pidiendo la inconstitucionalidad. El gobernador ha decidido en este tema, igual que en el tema del tarifazo ser cómplice necesario del gobierno de Cambiemos y el presidente Macri". Doñate, consideró que hay casos testigos que actualmente dan cuenta de las verdaderas intenciones en la modificación de esta norma. Al respecto expresó que: "El caso de Lewis y lago Escondido es un caso paradigmático de cómo un extranjero, un inglés, un mafioso nos robó el lago. Se hizo de tierras con protocolos de dudosa legalidad y el presidente Macri no solamente lo legitima viniendo en un helicóptero a pasar un fin de semana con su familia sino que ademas lo beneficia con el tarifazo eléctrico por ser dueño de Transener y Edenor". Entre las modificaciones principales del decreto emitido por el PEN cuestionado por Doñate y los concejales presentes, se encuentran la desarticulación de una serie de exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros para respetar la norma, por ejemplo la eliminación de controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP y la facilitación para la compra de terrenos con espejos de agua. Al respecto el legislador nacional sostuvo que “Una vez más las medidas del gobierno de Mauricio Macri atienden a los intereses de los sectores concentrados de la economía en desmedro de los intereses de los argentinos.”  
Tras salir del juzgado Doñate realizó un detallado análisis del Decreto del que destacó los que para él son “los principales puntos lesivos para nuestra soberanía nacional”. De esta forma detalló: “esta norma ofrece alternativas a los extranjeros para eludir, a través de sencillas maniobras contables, las limitaciones y obligaciones dispuestas en la propia Ley. Elimina multas para los incumplimientos y pretende facilitar la venta de terrenos que incluyan espejos de agua. Remite a que el tipo de explotación, destino o uso de la tierra, sea materia del derecho administrativo o ambiental local, vinculada al ordenamiento territorial. De esta forma, una vez adquirida la tierra no existe limitación alguna. Posibilita también que las adquisiciones por sucesión hereditaria no pasen por el registro, es decir que, por ejemplo: las cerca de 400.000 hectáreas propiedad de Douglas Tompkins y sus empresas, en el Acuífero Guaraní, pasarían sin limitación alguna a su viuda y descendientes.

Respecto de la inconstitucionalidad del decreto, el beltranense argumentó que: ”vengo sosteniendo que es claro que esta medida tiene una intencionalidad enmascarada detrás de la supuesta búsqueda de inversiones extranjeras. Es sabido también que hay apetencia por los recursos naturales de nuestra tierra, específicamente el agua, y es eso lo que el gobierno de Cambiemos está entregando al modificar la Ley que lo impedía”. En esta misma línea, Doñate anticipó que: “habíamos asegurado que haríamos lo que esté a nuestro alcance para pedir la declaración de inconstitucionalidad puesto que un decreto no puede modificar una ley porque esta tiene mayor jerarquía. Es nulo de nulidad absoluta por lo que las operaciones llevadas a cabo en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente también”, concluyó.

Al finalizar su diálogo con los medios, Doñate anticipó que esta será la primera de una serie de presentaciones que se harán a lo largo de toda la Argentina; “esperamos que la Justicia Federal de Bariloche dé el puntapié inicial y podamos suspender este decreto para proteger a los argentinos y a los rionegrinos en particular".

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TAMBIÉN EN MISIONES
Asunto: Amparo por violación de la Ley de Tierras.

Estimados amigos y compañeros:

Los senadores nacionales por Misiones, Dres. Juan Manuel Irrazábal, Salvador Cabral y Sandra Giménez, junto con el diputado por la misma provincia Daniel Di Stefano, con mi patrocinio letrado, presentaron esta semana una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, por haber reformado inconstitucionalmente la llamada Ley de Tierras Nº 26.737.



Dicha reforma ilegal la perpetró el PEN a través de un simple decreto supuestamente reglamentario, el Nº 820/16. De esa forma, y entre otras graves irregularidades, los senadores Irrazábal, Cabral y Giménez denuncian las siguientes:

1.- La ley 26.737 prevé que el Estado pueda analizar la composición accionaria de las empresas, así como los grandes capitales que las controlan, a fin de determinar quién detenta la “voluntad societaria”, independientemente del porcentaje accionario. En otras palabras, quiénes son los dueños reales de dichas empresas. El decreto 820/16 eliminó esa facultad del Estado, es decir, modificó la ley, y ahora las empresas extranjeras compradoras de tierras pueden ocultar la identidad de sus verdaderos dueños. De esa forma, un grupo económico extranjero, políticamente “inocente” o no, puede comprar hoy medio territorio nacional sin que nosotros lo sepamos.

2.- El decreto reglamentario anterior, el Nº 274/12 exigía que los extranjeros residentes en el país que desearan comprar tierras debían tener una residencia efectiva.  El decreto 820/16 eliminó el requisito de la residencia efectiva. De esa manera, una persona extranjera que obtenga la residencia en el país, aunque no resida efectivamente, puede comprar tierras sin limitación alguna.

3.- El decreto 820/16 fundamenta sus modificaciones a la propia ley reglamentada, la 26.737, aduciendo que esa ley "ha traído dificultades en la práctica inmobiliaria, societaria y comercial”.  Es decir, se desprotege el territorio nacional para beneficiar a un pequeño grupo de comerciantes, intermediarios y especuladores, en su mayoría extranjeros, y nada inocentes. Jurídicamente el caso es más grave, pues se antepone una norma o conveniencia del campo privado, a una ley de derecho público.
Por todo ello, los senadores citados solicitaron al juez:

a)- Se dicte de inmediato una medida cautelar de suspensión de los efectos del decreto Nº 820/16.
b)- Se declare la inconstitucionalidad del citado decreto, y su nulidad absoluta.

En el enlace que sigue está el reportaje que un canal de Misiones nos hizo a los protagonistas de este amparo. Cordialmente agradecido por su difusión.

Juan Gabriel Labaké

[se recomienda fuertemente escuchar el reportaje, mucha claridad argumental]

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Y para repasar todo lo que tiene que ver con la ley 26.737 (conocida como Ley de Tierras), los remito a la página de nuestro blog:
http://cartaabiertabariloche.blogspot.com.ar/2014/10/construccion-politica-para-rio-negro_15.html




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