Sobre las elecciones y el sistema electoral argentino

ACTUALIZACIÓN 05/09/15
Hablando de sistemas electorales, es importante la discusión sobre el voto electrónico.  La Fundación "Vía Libre" http://www.vialibre.org.ar/ se ocupa especialmente de este tema.  Beatriz Busaniche, integrante de esta organización fue entrevistada en el programa "6-7-8" y si no lo vimos se puede ver en el sitio: https://youtu.be/r7hVRXNXNkY

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Hoy en Página 12.  El Director Nacional  Electoral Alejandro Tullio es entrevistado por Martín Granovsky

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-280522-2015-08-30.html

La ley electoral es vieja pero es sabia

En definitiva el fraude ¿es posible o imposible en el sistema argentino? El jefe de la Dirección Nacional Electoral insiste en que el fraude exitoso es imposible por los controles cruzados. A la vez que anuncia nuevas herramientas de vigilancia estatal, pide mayor compromiso a los partidos a través de la fiscalización que sólo les corresponde a ellos. En el curso virtual para 500 mil fiscales sólo participaron 700 personas.

Copio aquí el reportaje.


El 9 de agosto, el día de las PASO, este diario publicó un reportaje a Alejandro Tullio, director nacional electoral, y recogió una definición suya: “Fraude no es cualquier maniobra sino un conjunto de maniobras capaces de alterar un resultado”. Ese día se realizaron las primarias y más tarde las elecciones provinciales de Tucumán.


–Haciendo un balance tanto de las PASO como de los comicios tucumanos, ¿el fraude es posible o imposible?
–Que el fraude tenga éxito sigue siendo igual de imposible, tanto por las complejidades del sistema como por los controles. Hay miles de personas involucradas. Me consta personalmente que en todas las mesas familiares, en cada minuto de tiempo libre en las oficinas y hasta en charlas de redacción, en los últimos dos meses alguien comentó: “Me llegó el telegrama y tengo que ser presidente de mesa”. Es la prueba que más a mano tenemos de que la designación no es fruto de un mecanismo perverso. Es parte de un deber que le puede corresponder a cualquier ciudadano. Legalmente a partir del momento en que recibe el telegrama esa persona se convierte en autoridad electoral de su mesa. Me da un poco de vergüenza por ellos que estos días, a partir de algunos juicios apresurados, puedan quedar convertidos en sospechosos de haber cometido un delito. Cuando hablo no saco la cara sobre todo por mi trabajo. Saco la cara por la Justicia Federal, que hace 32 años garantiza elecciones limpias. Por los 190 mil presidentes de mesa. Saco la cara por los militantes partidarios que son fiscales o por los voluntarios de ONG como la red Ser Fiscal. Esa red tal vez piense distinto que el Gobierno en muchos temas, pero se pone a disposición de los partidos para controlar la elección. Saco la cara por los 96 mil miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales que en las elecciones nacionales evitan que ocurran incidentes como los que ocurrieron en San Pablo, Tucumán. Saco la cara por los 40 mil agentes del Correo, que trasladan las urnas y los telegramas, y que hacen esa tarea tan delicada sin el temor de que mañana se los acuse de haber sustituido esos elementos. La clave es que nadie entre los presidentes de mesa, los fiscales, los jueces, los empleados del correo, el personal de seguridad y los funcionarios de la Dirección Nacional Electoral hace su trabajo en soledad. Ninguno. Todos tienen controles cruzados. La ley electoral es vieja pero es sabia.

–¿Dónde está la sabiduría?
–En que no deposita en nadie individualmente algo tan preciado como el voto de todos. Cada uno de los pasos que damos en el proceso electoral se hace bajo el control de otro sujeto con intereses distintos y hasta contradictorios, de manera que las tentativas de fraude que sí pueden existir sean neutralizadas por esta compleja arquitectura electoral. Lo único positivo de que algunos hayan hablando últimamente tanto de un presunto fraude es que todo el mundo va a prestar más atención en los detalles. A mí no me molesta, porque todo el sistema electoral aprobará el examen sin problemas.

–¿Por qué?
–Porque no sólo los controles son cruzados. También porque no nos quedamos tranquilos con la convicción de que el fraude es imposible. Trabajamos para que, si hubiera alguna irregularidad, sea detectada de inmediato. La ley permite solucionar cualquier problema que sea detectado a tiempo, y los controles cruzados estimulan la detección.

–¿Existen el corte y el robo de boletas?
–La desaparición de boletas no puede ser negada. Pero tampoco puede ser medida. Insisto en que los controles y la cantidad de gente involucrada hacen imposible que las peores acciones tengan éxito. Además, siempre agregamos herramientas. En un momento decidimos repartir boletas de repuesto a las Fuerzas Armadas para que eventualmente pudieran aportarlas en las mesas. Fue un éxito especialmente en las elecciones generales, donde la competencia es solo entre distintos partidos. Pero habrá que seguir pensando en cuestiones que van más allá de las herramientas. Esta forma de votar inserta en este sistema de partidos está viendo sus límites.

–¿Cuál es la forma de votar que está cerca del límite?
–El papel y la boleta múltiple provista por los partidos políticos. El problema que agrava las dificultades de forma es que los partidos han ido abdicando de su protagonismo electoral. Leí un artículo del politólogo Julio Burdman sobre por qué hay que rediscutir la forma de votar. Recuerda que el diseño de la Ley Sáenz Peña y la lucha que libró a principio del siglo XX el que fuera mi partido, el radicalismo, buscaron quitarle al Estado el monopolio de la organización electoral. Debían ser protagonistas los ciudadanos y los partidos. Hoy los partidos no sólo reclaman que las campañas las pague el Estado, lo cual es un tema interesante de debate. También piden que el Estado se haga cargo ya no del sistema de control sino del control que deben hacer los propios partidos.

–La fiscalización.
–En todo el mundo, la fiscalización es una función inherente a los partidos. Y es cierto que el Estado debe auxiliar a los partidos, pero no debe reemplazarlos. El Estado tiene que dar garantías de competencia, veracidad y transparencia.

–¿Da esas garantías?
–A mi juicio, sí. Por lo menos les permite a los partidos controlar todos los aspectos de la organización electoral y pone en cabeza de la justicia federal la decisión final sobre la validez de la elección en cada una de las mesas y del proceso electoral en general.

–Los críticos del sistema electoral argentino suelen decir que el Poder Ejecutivo es juez y parte.
–Es falso. El Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional Electoral ejerce funciones de administración electoral. Precisamente provee los medios para que el Correo, las Fuerzas Armadas, la justicia electoral y los partidos políticos cumplan con sus funciones. Pero la Dirección Electoral no cuenta un solo voto ni proclama un solo resultado. No nombra un solo presidente de mesa. No condiciona ningún aspecto de las campañas electorales. Sólo provee los medios para que todo funcione en el marco de las competencias de cada uno. Son partidarios de mayores espacios públicos, y por eso el Estado avanzó por decisión política del Ejecutivo y sanción del Legislativo en iniciativas como los espacios gratuitos cedidos a las fuerzas políticas.

–Pero el control no.

–No el control a cargo de los partidos, porque sería avanzar sobre ellos. La esencia del contrato representativo no es virtual. Está indisolublemente unida al territorio. Por eso la fiscalización no solamente es un deber de transparencia. Es una condición de viabilidad de un proyecto político que se manifiesta en su presencia en todo el territorio que quiere gobernar.

–¿No suena a la reivindicación de los punteros?
–No voy a sumarme a una expresión neoconservadora que estigmatiza a los punteros. La mayoría de los argentinos tuvo una percepción sobre lo que es un puntero por una novela, que como toda obra artística exagera algunos rasgos de la vida. En ese caso, de la vida en los sectores marginales. Pero la Argentina no es un país donde predominan las franjas marginales. Y sostengo la importancia de la territorialidad porque supone entender el compromiso político con la realidad diversa de un país donde no sólo la geografía sino también la sociedad van de un punto a otro hasta alcanzar la misma distancia que entre Madrid y Moscú. Tenemos 3400 kilómetros de distancia entre Tierra del Fuego y Jujuy. Y tantas microsociedades distintas como entre España y Rusia. El compromiso de un candidato presidencial es proponerse metas para cada una de esas realidades que aspira a gobernar, además de los valores como la decencia y la inteligencia. Hace falta comprender las necesidades de cada lugar y de cada región de un país diverso. Parecería que eso no está suficientemente presente en las campañas que estamos viviendo.

–Se da la paradoja de que muchas fuerzas buscan una extensión nacional y critican la dimensión territorial de la política.
–Deberían hacer el esfuerzo de comprender que un partido nacional es la suma de las realidades políticas de cada lugar. Eso lleva un trabajo bárbaro. Tiempo. Y nos pone frente a contradicciones. Las mismas contradicciones que aparecen al momento de gobernar: elegir con recursos escasos cuáles son las prioridades de su administración. Si uno no conoce ni tiene una referencia personal en cada uno de los lugares, podría llegar a decidir políticas prescindiendo de las personas a las que afectan esas políticas. Pero la política trata de personas. Y las personas viven en un territorio.

–Un dato que tiene relación con el territorio es que Mauricio Macri denunció fraude pero Cambiemos tuvo los fiscales que necesitó.

–Tengo entendido que sí. Yo prefiero no personalizar ni en candidatos ni en fuerzas. Nadie encontrará ninguna manifestación mía en contra de ningún candidato. Tengo mis ideas pero prescindo de explicitarlas por el ejercicio de mi función. Sin embargo, quiero aclarar que las posibilidades de control que tendrán fuerzas como Cambiemos o UNA el 25 de octubre serán muy grandes, superiores a las que ejercitaron en las PASO. Siempre queremos agregar controles cruzados y mejorar las herramientas. Por ejemplo en las elecciones del 2013 a petición del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires y del radicalismo en Jujuy se habilitó la fiscalización en los locales de Correo en que se escanean los telegramas para enviarlos al centro de cómputos. Es un dato clave porque se trata de una de las operaciones más delicadas. La presencia de fiscales de distintas fuerzas hace a la transparencia. Este año lo volvimos a ofrecer en las PASO. Ningún partido lo hizo. Me congratulo de que Sergio Massa haya anunciado que hará ese control el 25 de octubre. En pocos días más todos los partidos recibirán el listado de los lugares donde se va a realizar esa operación logística y podrán participar. Y seguiremos con los cursos virtuales para presidentes de mesa y fiscales.

–¿Cómo fue la experiencia?
–En la Argentina tenemos 190 mil personas que se designan como presidentes de mesa. En las primarias hubo más de 500 mil fiscales designados por los partidos. De los 190 mil, 40 mil realizaron un curso virtual que en conjunto brindamos la justicia electoral y la Dirección. Había un curso idéntico para fiscales partidarios. Se inscribieron 700 personas. Y la difusión había sido la misma. De todos modos vamos a poner el curso al aire nuevamente.

–¿El sistema electoral de controles cruzados resiste la prueba tucumana?

–En Tucumán hay que analizar el último mes, y no solo la última semana. En las PASO no hubo un solo episodio de prepotencia, ya ni si quiera de violencia. El escrutinio definitivo se hizo en tres días. Está terminado. Dio un resultado, no importa cual fuere. Nadie lo protestó. Se votó con las mismas urnas y con las mismas boletas. Dos semanas después, cuando la elección se hace con el sistema electoral tucumano del acople, y cuando lo que se juega es el poder local, a nivel de la provincia y a nivel de cada uno de sus municipios, se producen hechos de violencia y delitos electorales gravísimos, como la quema de urnas. También se registra un nivel de confrontación que no se vio cuando lo que se elegía eran diputados nacionales, candidatos a presidente y a parlamentarios del Mercosur. No cambiaron la boleta ni la urna ni el pueblo. Cambiaron los candidatos y el poder que se disputaba. El sistema de acoples favorece la confusión del ciudadano, la dificultad para el presidente de mesa, y eso genera un clima de incertidumbre, donde la tensión se puede transformar en violencia.

–¿Hacia dónde debería ir el cambio del instrumento de votación?
–Debe ser consecuencia de una revisión mas profunda del sistema político y de partidos. Cuando el gobierno propuso las primarias, lo hizo para intentar darle mayor racionalidad al sistema de partidos y ordenar la competencia política interna. Indudablemente no alcanzó esa solución porque tenemos todavía un número de agrupaciones demasiado elevado que dificultan al ciudadano su capacidad de elegir. No se trata de restringir la militancia política en su organización pero sí de que la política se reencuentre con su rol de agregar intereses y no de disgregarlos. Entonces tenemos que pensar un nuevo sistema de competencia política. Y consecuentemente un instrumento de votación que permita a ese sistema y al ciudadano encontrarse en el acto del sufragio. ¿Boleta única de papel? Puede ser. ¿Puede ser alguna modalidad de voto electrónico? También. Hay algunas que funcionan bien y otras que funcionan mal. Pero ésa es una discusión técnica. La discusión política es previa, y es la que se esta tratando de evitar cuando se dice: “Cambiemos lo que hay por cualquier cosa porque cualquier cosa es mejor que lo que tenemos”. Eso es falso. Con vistas al 25 de octubre los partidos contarán con un conjunto de posibilidades de control como nunca hubo en la Argentina. Si asumen su responsabilidad en este proceso compartido que es la organización electoral, la ciudadanía puede estar aún más tranquila. De todas maneras el Estado pondrá todos los medios para informar adecuadamente de cómo se desarrolla cada etapa del proceso y que no quepan dudas de que el voto de cada uno es tratado como lo que es: la herramienta igualadora más importante de un país democrático.

martin.granovsky@gmail.com