Pronunciamiento sobre las explotaciones mineras en Río Negro

Antes de hablar sobre la minería estableceremos nuestro posicionamiento público respecto de algunas cuestiones esenciales. En primer lugar, manifestamos nuestro contundente rechazo a las prácticas del capitalismo salvaje. Prácticas que se traducen en lo que se refiere al manejo de los recursos y del medio ambiente de los países donde opera, en la aplicación de criterios que llevan a una desaprensiva depredación de los mismos. Estas prácticas son guiadas solamente por la búsqueda de ganancias extraordinarias, menospreciando el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes. En nuestro país conocemos muy bien el accionar de estos grupos a lo largo de nuestra historia. 

Asimismo deseamos hacer un reconocimiento explícito de la importancia que tuvo la irrupción de movimientos ecologistas en la contención de la depredación ambiental desde la segunda mitad del siglo XX. Es en este sentido que consideramos absolutamente legítima la participación ciudadana manifestada en acciones de distinto tipo, entre ellas las movilizaciones callejeras. Desde nuestro punto de vista, sobre todo tomamos muy en cuenta las propuestas del ecologismo científico enmarcadas en un contexto político. 

Renovamos también nuestra adhesión al gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner que fue elegida democráticamente por el 54% de la población. Apoyamos sus políticas de desarrollo y crecimiento económico con énfasis en el fortalecimiento del mercado interno que permite la creación de riquezas y su distribución a toda la sociedad. Para lograr este objetivo se requiere una actuación fuerte y decidida del Estado en todas las actividades económicas. Los gobiernos provinciales deben asegurarse los medios para poder actuar con firmeza en la dirección esperada. 

Habiendo establecido entonces nuestro punto de partida, deseamos compartir con la población nuestras reflexiones sobre algunos problemas que vemos en la provincia de Río Negro. Nuestra provincia presenta grandes deficiencias en su desarrollo. Hay zonas olvidadas, poblaciones aisladas, mucha injusticia y mucha desigualdad. Como barilochenses, pensamos especialmente en la Línea Sur Rionegrina donde las carencias son muchas; entre otras, faltan caminos, electrificación rural, comunicaciones, provisión adecuada de combustibles, atención sanitaria, escuelas, trabajo genuino. 

Indefectiblemente hace falta tomar decisiones para un plan integral de desarrollo de la Línea Sur que contemple las aspiraciones de sus habitantes, que les facilite la vida en sus comunidades, que no los obligue a ir en busca de trabajos, a veces miserables, acrecentando conglomerados urbanos donde arriesgan la pérdida de su dignidad, sus lazos familiares y su modo de vida ancestral. Es indispensable analizar en profundidad la sustentabilidad de la explotación ganadera y la producción lanera. En las condiciones actuales implica la convivencia de enormes latifundios con terrenos mínimos donde el sobre-pastoreo se vuelve indispensable para garantizar la supervivencia. Es urgente que se dispongan los medios para la inmediata aplicación de la Ley Integral del Indígena y de la Ley de Tierras, ambas leyes provinciales, así como las leyes nacionales y tratados internacionales relacionados. Es importante recordar que cuando sistemáticamente no se aplica una ley, es porque hay una decisión política en ese sentido. Esta fue la tónica en los gobiernos anteriores y es imprescindible cambiarla.

Ante este panorama, consideramos importante diversificar la matriz productiva en la provincia y crear fuentes de trabajo alternativas. La concreción de los objetivos señalados requiere inversiones. En este contexto no es posible desconocer que Río Negro es rica en minerales metalíferos y en hidrocarburos. Estamos convencidos de que con una legislación adecuada que hoy ya en buena medida existe, y una fuerte presencia del Estado, la explotación del subsuelo rionegrino puede realizarse en condiciones de seguridad tanto de los trabajadores como de la población. En este sentido el Gobierno Provincial debe seguir los criterios que nos está marcando nuestra Presidenta desde el Gobierno Nacional.

En cuanto a las movilizaciones por el “no a la mina”. Las personas que participan de estas movilizaciones no constituyen un grupo homogéneo y, por lo tanto, creemos que no hay una única postura que represente a todo el conjunto. Sin embargo, las demandas que son tomadas por los medios de comunicación y trascienden a la población en general reflejan una actitud conservacionista a ultranza lo que en definitiva redundaría en la preservación de la situación actual. El eje del reclamo no está puesto en consensuar propuestas con bases reales y de concreción rápida para resolver los problemas de la injusticia, la desigualdad y el abandono de los sectores menos favorecidos de la Provincia. 

La minería metalífera es una actividad legal en esta provincia, en este país y en el mundo. El desarrollo de la humanidad se ha realizado en concordancia con la aparición de minerales metalíferos, desde la prehistoria. Sin embargo, la minería al igual que otras actividades económicas como, por ejemplo, la producción de energía o la producción y el almacenamiento de productos químicos, es una actividad riesgosa. Por lo tanto debe ser realizada por personal experto tomando todas las precauciones necesarias que, por otra parte, han sido estudiadas y son bien conocidas.

En cuanto, por ejemplo, a los requerimientos de energía en la actividad minera, éstos son similares a los de otras industrias. En nuestro país el consumo industrial de energía es solo ligeramente mayor a la demanda del transporte o el consumo domiciliario.

Es cierto que la minería requiere “mucha agua”: unos 300 m3 para producir un kilogramo de oro. Pero, considerando la producción ganadera, cantidades similares de agua se requieren para producir la lana que dos ovejas adultas aportan en toda su vida. La diferencia es que, en el mercado internacional, por un kilogramo de oro se obtiene alrededor de 50.000 dólares mientras que la lana de las dos ovejas se vendería a unos 200 dólares. 

No se trata, sin embargo, de dejar sin agua a los pobladores y a sus animales. Exploraciones recientes -año 2006- han encontrado corrientes subterráneas a gran profundidad en la Línea Sur. La tecnología específica para acceder con seguridad a esta fuente de agua también se conoce. Debería ser aplicada y solventada por las mismas empresas mineras, y puesta eventualmente a disposición de la población en general.

En definitiva, muchos de los cuestionamientos a la actividad minera o no tienen fundamento o pueden ser resueltos con una fuerte presencia del Estado. Estamos convencidos de que el problema está en otro lado y debe ser enunciado claramente: la población desconfía de las grandes empresas mineras. Se las ve como todopoderosas, más fuertes que los estados mismos. 

En este gobierno, nuestra presidenta ha dado sobradas muestras de coraje, inteligencia y decisión para enfrentar a intereses poderosos. ¿Cómo sino hubiese podido terminar con la usura de las AFJP? Y este coraje y la participación de profesionales de primer nivel trabajando para el estado han permitido la incorporación de 2.500.000 nuevos jubilados y la espectacular decisión del establecimiento de la Asignación Universal por Hijo. Nuevos vientos soplan también en este momento en la re estatizada YPF.

En la provincia hay una decisión oficial positiva hacia la minería. Creemos que DEBE EXIGIRSE UNA FUERTE Y RESPONSABLE INTERVENCIÓN DEL ESTADO, debiendo ser de su exclusiva competencia: 

• Controlar la actividad de modo que se optimice el cuidado ambiental. Revisar las leyes que rigen la actividad del sector, reformularlas si fuera necesario y aplicarlas. 

• Negociar las regalías de modo que sea beneficioso para el país y también para la región y limitar la exportación de las ganancias.

• Debe instrumentarse un control cuantitativo preciso del contenido -en diversos minerales- del material extraído. Este análisis debería realizarse en la región, estimulando la formación de técnicos, supervisada por el Estado.

• Avanzar en la posibilidad de realizar todo el refinamiento del mineral en el país.

• Tomar en cuenta que la explotación de una mina durará un tiempo acotado. Por lo tanto debe planificarse antes que nada el proyecto de reconversión económica para la zona. Como dijo nuestra presidenta en su discurso del 1º de marzo, deben reinvertirse las utilidades en las comunidades afectadas. Si se procede correctamente se podría mejorar significativamente la calidad de vida en las áreas rurales rionegrinas.

• Proteger al poblador rural escuchando su voz. El estado debe intermediar en la negociación empresa-poblador dando un lugar preponderante a sus organizaciones: comunidades, cooperativas, comisiones de fomento, etc. 

• Supervisar las condiciones del trabajo en las minas. Las empresas deben cumplir con toda la legislación laboral vigente en nuestro país.

• Hacer de la minería una actividad transparente, manteniendo informada a la población sobre los resultados de las negociaciones, los planes para preservar el ambiente y para la remediación y sobre otros tópicos de interés como los resultados de los controles de efluentes de las instalaciones.

El reciente anuncio sobre la creación de una Empresa Estatal Minera en Río Negro es una buena noticia. Pero, debe garantizarse que se dote a esta empresa de los mejores profesionales. Estos profesionales deben sobresalir tanto por sus conocimientos técnicos como por sus compromisos con la provincia, sus pobladores, el país y la región. 

Concluyendo, nos pronunciamos por Si a una minería como actividad seria y responsable produciendo en beneficio de toda la población y por No al negocio espurio y a la depredación salvaje. Solo de este modo, la minería en Río Negro podrá contribuir positivamente a la consolidación de la Independencia Económica, la Soberanía Política y la Justicia Social.

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