La Delegación Bariloche de la APDH expresa su preocupación por el notable divorcio, acentuado en los últimos tiempos, entre un importante sector de la sociedad y la institución que hace a la denominada “Justicia”.
Como organismo defensor de los DDHH y Consultor de Naciones Unidas, constituimos una continua representación ante el Gobierno, tanto para prevenir y denunciar como para proponer y apoyar iniciativas en relación con la plena vigencia de los mismos; señalando siempre al Estado, por ser este quién se obliga a garantizarlos y por lo tanto es el mismo quien puede violarlos.
En la provincia de Río Negro se ha dado una sucesión de hechos trágicos en los cuáles la actuación de la Administración Provincial de la Justicia se encuentra seriamente comprometida y cuestionada. La lista es dolorosamente larga y consecuentemente se percibe en el humor social la decepción y la desconfianza en nuestras Instituciones Gubernamentales. Aparecen en esta indignante lista casos como Solano, Otoño Uriarte, Garrido, Mauro Velásquez, el trágico 17 junio del 2010, el joven muerto hace pocos días en Bª Unión, la trata de personas instalada desde hace algunos años en el Valle, los jóvenes quemados vivos en comisarías en la línea sur, los peores índices juveniles en drogadicción (según el SEDRONAR) y la situación de emergencia carcelaria entre otros. Ponderada esta lista por la impunidad de que ha gozado en su totalidad y la escasa voluntad política para combatirla.
En este contexto preocupan las recientes declaraciones de funcionarios de la provincia sobre el mandato político para la nueva gestión, de “no discutir el pasado”. Si estas declaraciones son tomadas en serio, “no discutir el pasado” implica obstruir la administración de la justicia, que actúa sobre lo hecho y un grave desprecio por la institución de la Memoria , apropiada por nuestra Nación como ejercicio garante de no repetir las violaciones a los Derechos Humanos.
En este contexto preocupan las recientes declaraciones de funcionarios de la provincia sobre el mandato político para la nueva gestión, de “no discutir el pasado”. Si estas declaraciones son tomadas en serio, “no discutir el pasado” implica obstruir la administración de la justicia, que actúa sobre lo hecho y un grave desprecio por la institución de la Memoria , apropiada por nuestra Nación como ejercicio garante de no repetir las violaciones a los Derechos Humanos.
Por lo tanto, como Organismo de D.D.H.H. y Consultor de Naciones Unidas, conforme a nuestra obligación y vocación, reclamamos y exigimos al Estado Provincial que básicamente respete las normas vigentes; que le otorgue recursos y vitalidad al Estado de Derecho y a la Justicia , señalando que solo esta puede traer alivio y alguna reparación sobre las atrocidades en que se encuentran involucradas las Fuerzas de Seguridad Provinciales. Asimismo señalamos lo peligroso del camino de impunidad que se viene transitando desde hace mucho tiempo, camino constituído por hechos, actitudes y omisiones que compromete a nuestra sociedad toda.
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