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DDHH vs FMI
Este avance sobre derechos sociales para economizar monedas que se destinan al pago de deudas gigantescas, fue el tema sobre el que debió responder el jueves y el viernes el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ante el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
El diálogo se produjo durante la evaluación que realiza el Comité sobre el cumplimiento de la Argentina con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene rango constitucional. El CELS, en conjunto con 55 organizaciones, había enviado al Comité seis informes temáticos que dan cuenta del deterioro de las condiciones sociales y laborales y su impacto en los derechos. Los resúmenes pueden leerse en
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-situacion-de-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales-en-la-argentina/por el que se puede acceder también a los informes completos.
El Comité señaló que las decisiones de política económica y financiera no pueden desconocer las obligaciones internacionales del Estado en materia de protección de esos derechos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería haber tenido en cuenta esos compromisos, ver en:
y, en ningún caso, las medidas que se deriven de ese pacto pueden implicar el recorte de políticas que garantizan derechos sociales.
Los miembros del Comité se refirieron específicamente a los recortes en los programas de seguridad social –como la baja de las pensiones por discapacidad—, el desempleo –en particular el de las mujeres jóvenes—, la degradación del Ministerio de Trabajo y la persecución a la actividad sindical. También llamaron la atención sobre la represión de las protestas y los desalojos violentos.
En materia de salud, consideraron una oportunidad perdida que el Senado mantuviera la clandestinidad del aborto y preguntaron al Estado por la barreras formales e informales para acceder a los abortos no punibles desde 1921, la objeción de conciencia y el acceso a medicinas esenciales. También se expresaron preocupados por la falta de aplicación de la Ley de Salud Mental y de alternativas a la manicomialización.
En materia económica, el Comité especificó que, además de los programas de protección social dirigidos a la población más vulnerable, el Estado debe garantizar los derechos de la población de ingresos medios. También mencionó con inquietud la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, luego de la modificación por decreto de la ley audiovisual.
Los miembros del Comité se refirieron específicamente a los recortes en los programas de seguridad social –como la baja de las pensiones por discapacidad—, el desempleo –en particular el de las mujeres jóvenes—, la degradación del Ministerio de Trabajo y la persecución a la actividad sindical. También llamaron la atención sobre la represión de las protestas y los desalojos violentos.
En materia de salud, consideraron una oportunidad perdida que el Senado mantuviera la clandestinidad del aborto y preguntaron al Estado por la barreras formales e informales para acceder a los abortos no punibles desde 1921, la objeción de conciencia y el acceso a medicinas esenciales. También se expresaron preocupados por la falta de aplicación de la Ley de Salud Mental y de alternativas a la manicomialización.
En materia económica, el Comité especificó que, además de los programas de protección social dirigidos a la población más vulnerable, el Estado debe garantizar los derechos de la población de ingresos medios. También mencionó con inquietud la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, luego de la modificación por decreto de la ley audiovisual.
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