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martes, 21 de febrero de 2012

Espacio Carta Abierta Bariloche: sobre la cuestión minera


Imágenes de las movilizaciones en Jacobacci y Bariloche


Río Negro es una provincia marítima, de estepa, andina y potencialmente minera. Es natural que el tema preocupe y movilice. En particular, porque la parte andina es en gran parte reservas naturales y base de una riqueza social que es el turismo.

En esta provincia se han promulgado, en pocos años, dos leyes: la Ley 3981 (o ley Saiz) que prohíbe el uso de cianuro y mercurio y la Ley 4738 (o ley Soria) que los permite y crea un organismo de evaluación de los efectos ambientales. Ambas se promulgaron muy rápidamente y con poca discusión. El impacto que este último evento ha producido en la gente es importante y va creciendo y se manifiesta en movilizaciones callejeras y en otras formas de expresiones comunitarias con la preocupación que las formas de vida puedan desarrollarse con sustentabilidad y resulten socialmente aceptables.

Las leyes nacionales en vigencia que reglamentan las explotaciones mineras, las inversiones extranjeras y las políticas ambientales están siendo muy cuestionadas. Sin embargo su análisis está atravesado por la falta de información válida, transmisiones erróneas y hasta manejos intencionales de algunos medios todo lo cual genera confusión y desconfianza en la sociedad. La participación lograda a nivel nacional con la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual ejemplifica un camino a seguir: lograr una ley con consenso nacional que establezca a través de mecanismos serios y confiables cómo se deben tomar las sustancias de la naturaleza sin afectar su uso para las futuras generaciones.
Bajo la premisa de que es el Estado el primer defensor del medio ambiente y de los recursos, consideramos necesario ampliar la discusión alrededor de los siguientes temas, incluyendo en el análisis el caso de los yacimientos actualmente en explotación:

* Magnitud del impacto ambiental, social y económico de los proyectos mineros. Todo esto es medible. No hay misterio. Solo hay que trabajar seriamente y con acuerdo social.
* Controles de efluentes y remediación. Manejo de emergencias. Prevención de incidentes y accidentes.
* Hacer públicos los análisis y disposiciones legales, técnicas y económicas que rigen cada contrato entre el estado y las empresas involucradas.
* Intervención de las universidades y de otros organismos técnicos del estado en el monitoreo de la inversión en tecnología.
* Pensar en políticas de estado que tiendan a desarrollar conciencia social en cuanto al uso de los materiales y de su recuperación y reintroducción en el circuito económico.


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